El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que el Gobierno prorrogará el IVA reducido, del 10 y 5%, para alimentos básicos pero de momento se mantiene la incógnita sobre qué sucederá con otras medidas de carácter social, en particular vinculadas a la energía, que también expiran el 30 de junio si no hay una decisión explícita para que no sea así. De una eventual decisión por parte del Gobierno para extenderlas, dependen medidas como el descuento adicional del bono eléctrico, la ayuda para hogares empobrecidos o incluso la prohibición de cortar los suministros de gas y electricidad a hogares vulnerables que pervive desde la Covid.
Como el IVA reducido para los alimentos básicos, estas ayudas han ido figurando en los sucesivos decretos con medidas para contrarrestar la inflación y otras consecuencias de la guerra en Ucrania. El último, de diciembre del año pasado y con una tasa de inflación que empezaban a contenerse, ya iniciaba una senda hacia el final de unas ayudas que, en algunos casos como el de los alimentos o en materia energética, eran universales, para toda la población y sin discriminar por renta o circunstancias desfavorables, como desde hace tiempo viene aconsejando la Comisión Europea.
Sánchez anunció esta semana un parón, al menos parcial, en esta tendencia en relación a los alimentos básicos, que seguirán teniendo un IVA reducido durante un tiempo más, todavía indefinido, debido a que, dijo el presidente, "la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta".
Sin embargo, en el decreto de diciembre hay otras medidas de apoyo a hogares vulnerables y trabajadores empobrecidos por la inflación sobre los que de momento el Gobierno no da pistas de si también se prorrogarán o expirarán el 30 de junio, como dice la ley actualmente en vigor. En su mayoría son de ámbito energético y diversas fuentes del ministerio competente, para la Transición Ecológica, evitan de momento pronunciarse sobre la continuidad de unas medidas a las que confieren una gran carga política. De momento, pues, se desconoce si Sánchez prevé incluir también una prórroga para ellos en el decreto-ley que necesariamente tiene que estar preparando para prorrogar la anunciada rebaja del IVA de los alimentos.
Descuentos en la factura de la luz
Una de ellas es el descuento adicional para el bono social eléctrico que perciben los hogares vulnerables y las familias numerosas para reducir su factura de la electricidad. En términos ordinarios, los hogares vulnerables se beneficiaban de un descuento del 25% en la factura y los vulnerables severos, de un 40%, pero en octubre de 2021 se incrementaron hasta un 65% y 80% respectivamente, con prórrogas sucesivas que llegan hasta el 30 de junio, cuando esta rebaja suplementaria desaparecerá para volver a los porcentajes anteriores.
Si no hay una prórroga, a final de mes también expirará el bono social de electricidad especial que creó el Gobierno en octubre de 2022, destinado a hogares de clase trabajadora pero a los que la inflación y unos precios de la energía disparaos dejaron en riesgo de exclusión social. Desde entonces y hasta el 30 de junio, los hogares con ingresos de hasta 27.720 se han podido beneficiar de un bono eléctrico para reducir en un 40% la factura de la luz.
De la misma manera, el 30 de junio es la fecha marcada para que deje de aplicarse una medida que se remonta a la crisis sanitaria por la Covid que prohibía la suspensión del "suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social".
Descuentos en calefacción
También en el ámbito de la energía, hay otras medidas que, tras sucesivas prórrogas, tienen marcada la fecha del 30 de junio para su finalización, a menos que el Gobierno tome la decisión de prorrogarlas de nuevo. Una de ellas es la tarifa regulada del gas para comunidades de vecinos -la llamada TUR 4-, que preveía descuentos de hasta el 50% en la factura del gas, siempre que cumplieran con los requisitos de tener las instalación en buenas condiciones de mantenimiento y cumplieran la ley que, ya con retraso, obliga a las comunidades de vecinos a instalar contadores individuales.
La TUR 4 se creó en octubre de 2022, tiene fecha fijada para su final cuando termine junio y ha sido una de las medidas menos demandadas entre las ayudas de tipo social que ha introducido para hacer frente a la crisis energética, incluso en un país como España, donde autoridades, expertos y potenciales beneficiarios admiten la dificultad de que lleguen a sus destinatarios.
Por otra parte y si tampoco hay prórroga, a finales de junio España dará un paso más hacia la salida de las ayudas para pagar la factura energética, que ya empezó en abril con la subida del IVA del gas del tipo reducido del 10% y al ordinario del 21%, así como de la electricidad, que en principio iba a permanecer en el 10% hasta final de año, pero que en marzo subió de forma anticipada al 21% porque el precio medio en febrero cayó por debajo de los 45 euros/MWh.
El 30 de junio será el turno de los pellets procedentes de biomasa y la madera para leña, cuyo IVA también subirá del 10 al 21%. También está previsto que lo haga el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pagan los hogares y pequeños comercios -con una potencia contratada menor a 10kw- que empezó 2024 al tipo reducido excepcionalmente de 2,5%, subió al 3,8% en abril y regresará al tipo ordinario del 5,1%.
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